DESPERDICIO ALIMENTARIO: LEY 1/2025 DE PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO
La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, establece el marco básico para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria.
La norma afecta a los diferentes agentes de la cadena alimentaria y establece una jerarquía de prioridades, obligaciones para los operadores, medidas para favorecer la donación de alimentos y un régimen de control y sanciones.
La ley entró en vigor con carácter general el 2 de enero de 2025, las medidas obligatorias del artículo 6 comenzaron a aplicarse transcurrido un año desde su publicación, es decir, desde el 3 de abril de 2026. Por eso actualizamos este artículo para que estés informado de todas las novedades.
¿Cuál es el objetivo de la Ley 1/2025?
La finalidad principal es prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Entre sus objetivos se encuentran:
- Disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
- Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
- Fomentar la donación y redistribución de alimentos garantizando la seguridad alimentaria y la trazabilidad.
- Favorecer la economía circular.
- Sensibilizar y formar a los agentes de la cadena alimentaria y a los consumidores.
- Establecer una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que no hayan podido evitar convertirse en excedentes.
Jerarquía de prioridades
Uno de los aspectos más importantes de la Ley 1/2025 es la jerarquía de prioridades. La primera obligación es prevenir la generación de pérdidas y desperdicio alimentario. Cuando no haya sido posible evitar la generación de excedentes, se establece el siguiente orden:
- Transformación de los productos o alimentos no vendidos que sigan siendo aptos para el consumo humano en otros productos destinados al consumo humano.
- Donación y redistribución para consumo humano.
- Alimentación animal y fabricación de piensos, dentro del marco regulatorio correspondiente.
- Utilización como subproducto en otra industria.
- Cuando ya sean residuos, reciclado, incluyendo la obtención de compost y digerido, y, cuando no sea posible, valorización energética.
La jerarquía puede adaptarse cuando existan razones de factibilidad técnica, seguridad alimentaria, viabilidad económica, protección del medio ambiente u otras circunstancias justificadas.
Plan de prevención del desperdicio alimentario
Una de las principales obligaciones establecidas es disponer de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que indique cómo se aplicará la jerarquía de prioridades. Los operadores que actúen en varias comunidades autónomas pueden cumplir esta obligación mediante un plan integrado conjunto, que deberá tener en cuenta, cuando proceda, las exigencias específicas de las comunidades autónomas en las que desarrollen su actividad.
También deben promover acuerdos o convenios para donar sus excedentes de alimentos a entidades de iniciativa social, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, salvo que la donación resulte inviable y dicha circunstancia esté debidamente justificada.
¿Quién queda exceptuado?
La ley establece determinadas excepciones. Las microempresas quedan excluidas de las obligaciones del artículo 6.4. También se establecen excepciones para determinadas actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería y restauración desarrolladas en establecimientos de hasta 1.300 m², en los términos establecidos por la propia ley.
No obstante, cuando varios establecimientos operen bajo un mismo código de identificación fiscal y conjuntamente superen los 1.300 m², se aplican las obligaciones correspondientes.
Donación de alimentos y seguridad alimentaria
La prevención del desperdicio no puede realizarse a costa de la seguridad alimentaria.
La ley fomenta la donación y redistribución de alimentos, pero exige que se mantengan las condiciones necesarias de seguridad, higiene y trazabilidad. Los acuerdos de donación deben recoger, entre otros aspectos, las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento, así como los compromisos de los agentes que intervienen.
Las entidades que distribuyen alimentos donados deben garantizar la trazabilidad mediante un sistema de registro de entradas y salidas y mantener unas condiciones adecuadas de higiene y conservación.
Hostelería y restauración
La Ley 1/2025 establece además obligaciones específicas para las empresas de hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios. Los consumidores tienen derecho a llevarse los alimentos que no hayan consumido, sin coste adicional, salvo las excepciones previstas para determinados formatos de servicio, como el bufé libre.
Los establecimientos deben informar de esta posibilidad de forma clara y visible.
Para ello deberán utilizarse envases aptos para uso alimentario, reutilizables o fácilmente reciclables, teniendo en cuenta además la normativa aplicable a los envases de plástico de un solo uso.
Control y planificación
La Ley 1/2025 contempla diferentes instrumentos de planificación y control. Entre ellos se encuentran:
- El Plan Estratégico de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
- Los programas autonómicos.
- El Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
- Un informe anual sobre la ejecución del Plan Nacional de control.
El Plan Nacional debe establecer los objetivos generales y las prioridades de las tareas de control que correspondan a las administraciones competentes. Los controles deben realizarse de forma sistemática y con una frecuencia suficiente en los lugares donde se produzcan, transformen, almacenen, distribuyan o comercialicen productos agrarios o alimentarios.
Régimen sancionador
La Ley 1/2025 establece un régimen de infracciones leves, graves y muy graves.
Entre las infracciones graves se incluye, cuando exista obligación de disponer de él, no contar con un plan empresarial de prevención y reducción del desperdicio y los residuos alimentarios.
Las sanciones previstas son:
- Infracciones leves: apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros.
- Infracciones graves: multa de 2.001 a 60.000 euros.
- Infracciones muy graves: multa de 60.001 a 500.000 euros.
Las comunidades autónomas pueden incrementar estos umbrales y establecer otras sanciones adicionales o accesorias mediante sus propias normas con rango de ley.
¿Qué debemos recordar para la oposición?
Para las oposiciones de Farmacéuticos de Salud Pública, los aspectos más importantes de la Ley 1/2025 son:
- Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
- Objetivo: prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario.
- La prevención es la primera prioridad.
- La ley establece una jerarquía de prioridades para los excedentes.
- La donación y redistribución para consumo humano ocupa una posición prioritaria.
- Los operadores obligados deben disponer de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
- Deben promover acuerdos o convenios para la donación de excedentes, salvo imposibilidad debidamente justificada.
- La donación debe garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad.
- La ley establece obligaciones específicas para hostelería y restauración.
- Las administraciones públicas participan en la prevención, formación, sensibilización, planificación y control.
- Existe un régimen sancionador de infracciones leves, graves y muy graves.
- Las medidas obligatorias del artículo 6 son aplicables desde el 3 de abril de 2026.
Si estás preparando las oposiciones de Farmacéuticos de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, este tipo de novedades normativas deben incorporarse a la actualización del temario y a la preparación de los ejercicios, como los supuestos prácticos y test.
